Ya es evidente. Cada día las noticias aumentan el caudal de datos al respecto.
Desde el retorno a la democracia, en 1990, al igual que un virus troyano en una red de computación, el nuevo sistema político chileno fue contaminado de pé a pá por una alianza poderosa entre el dinero derivado de la Dictadura y la nueva estructura de la política chilena.

Lo que hoy vemos en Casos Penta y SQM. Los maridajes extraños entre personas presumiblemente progresistas y conservadores, en el caso Caval. La continuidad de las mentiras a la hora de las primeras declaraciones de tantos imputados, no importa de qué sector político provengan. Todo ello nos habla de un modelo especial, no casuístico, sino estable y contínuo. Donde la ideología del beneficiado con los dineros de campaña provistos por SQM, Penta y varias otras que están por salir, no marcaba diferencia alguna. Si el recipiente era UDI, RN, PPD, DC o PS, en esta materia, no había distinción perceptible: la mano que se estiraba y recibía era idéntica. La pregunta que cae de cajón es simple: ¿este es un cambio de conducta solamente o también es un cambio de ideas?

¿Se puede acudir a pedir plata permanentemente a una fuente que se considera históricamente espuria, parte de una Dictadura, y cuya fortuna se estima fue un saqueo al país, sin que al recibir el dinero se sacrifique en el acto la opinión que se tiene de esas empresas y de esos empresarios? Lo que hoy sabemos es que lo que debió partir de a poco, la pedida a los discípulos de Pinochet, prontamente se masificó hasta alcanzar ribetes que hicieron indistinguible la condición ideológica del receptor. Si la Derecha pedía plata a su sector, como parecía lógico, la centroizquierda y el progresismo pedían al mismo grupo y no parecía importarles acudir a corral ajeno.

Un amigo me dio el símil para la situación: “lo que pasa, me dijo, es que aquí ocurrió el Síndrome de Estocolmo”, refiriéndose a esa curiosa situación que se da cuando el secuestrado termina enamorándose o haciéndose cómplice de su secuestrador. De tanto acudir a las fuentes financieras derivadas de la Dictadura para poder competir y ganar, se generó un vínculo de amistad en algunos casos, de relación estable en otros, de normalidad en la mayoría, respecto del proceso de pedir y ser saciado por tanto tiempo.

Desde un punto de vista práctico, a quienes dieron dinero la cosa tuvo puros beneficios: ganaron los candidatos que ahora debían favores -si eran ideológicamente adversarios- y también ganaron los candidatos que eran afines, y que estarían más que dispuestos a pagar por los favores concedidos.

Sin embargo, entre los candidatos de centroizquierda o de ideas progresistas que ganaron una elección y volvieron a ganar en la siguiente, gracias a los aportes de los empresarios derivados de las privatizaciones en Dictadura, se tuvo que plantear naturalmente lo que en psicología social se conoce como una Disonancia Cognoscitiva. Esto es, la presencia simultánea de dos conductas contradictorias. La que llevaba a postularse bajo un programa de reformas estructurales y de cambio del modelo, pero que, simultáneamente, debía su triunfo al financiamiento por parte de empresarios ligados desde la cuna a la mantención del modelo y la negación de la necesidad de reformas estructurales. ¿Cómo se resuelve esa inconsecuencia?

El estadounidense León Festinger, creador de la teoría de la disonancia cognoscitiva, planteaba que hay dos maneras clásicas de resolver el problema: O abandonas una de las dos conductas contradictorias (dejas de fumar si consideras que el tabaco provoca daño, por ejemplo), o cambias tus valoraciones previas respecto de ellas, para hacerlas congruentes con lo que estás haciendo. O sea, le quitas al financiamiento de tu campaña desde la vereda opuesta la seriedad y gravedad que alguna vez consideraste que tenía. El secuestrado empieza a mirar a su secuestrador como necesario para la democracia, como igualador de oportunidades, por lo que recibir plata de él -especialmente si muchos lo hacen- deja de ser estimado como impropio, pecaminoso, inaceptable.

Revisar las privatizaciones que se hicieron en Dictadura fue una de las promesas de campaña del gobierno de Patricio Aylwin. En la lógica del ex presidente, de hacer las cosas en la medida de lo posible, en el primer consejo de gabinete de Aylwin se deshechó revisar las privatizaciones. Y ellas quedaron, así, a firme, legitimadas y legalizadas oficialmente. Listas para entrar en el sistema, reclutando adeptos a punta de apostar que la disonancia cognoscitiva que se vendría, al ofrecer dinero a quienes hasta hacía muy poco los basureaban, se cargaría a favor del cambio de actitud del candidato respecto del oferente, antes que al rechazo de la oferta, para hacer coincidir las ideas con la práctica.

La apuesta de esas empresas y esos empresarios fue audaz. Tuvieron que conquistar, primero, a los intermediarios idóneos que los representaran -abogados, lobbistas, comunicadores- antes de ir por el premio mayor: transformarse en la variable dependiente de la ecuación electoral. Probablemente, al comienzo, ofrecieron poco a sus adversarios. Una de las gracias de la disonancia cognoscitiva es que para cambiar la actitud se debe ofrecer, al principio, algo que se pueda rechazar. Si ofrezco mucho, la mente puede justificar la recepción del dinero bajo la lógica de “cualquiera que hubiera recibido una oferta así de grande la habría tomado. Me paso de gil si no lo hago”. Pero si la oferta es razonablemente pequeña y el candidato la necesita, su justificación al recibirla no es la cantidad de dinero, sino un cambio de actitud ante el proceso: “la plata no me obliga, así se empareja la cancha, estos tipos no son tan malos, todos lo hacen”.

Después de las primeras elecciones con dineros comedidos, se instala el modelo, con intermediarios que ahora sirven llanamente al cliente empresarial. Se viraliza la conducta de pedir y recibir y, con ello, se justifica el acto -entre los partícipes del cambio- en una necesidad democrática de tener presencia progresista en el gobierno, el Congreso y las alcaldías.

El único gesto que delata algo de vergüenza, lo da el hecho de que nadie reconoce públicamente que recibe dineros de esas empresas y de esos empresarios. Y que cuando los acusan de ello, mienten, diciendo que no han recibido ni pedido nada, o que son trabajos académicos o profesionales solicitados por esas empresas, para fines que no conocen.

Aquí estamos, en un país con uno de los programas de gobierno de cambios estructurales más profundos del mundo, con la coalición gobernante en abrumadora mayoría parlamentaria, pero maniatada por la revelación de una forma incestuosa de la democracia chilena de financiar la política, donde los “malos” de antes sostienen económicamente a los “buenos” de ahora. Y estos últimos, a la hora de justificarse, no pueden criticar severamente a quién financió su acceso a los cargos públicos, prefiriendo sugerir perdonazos, nuevas leyes a futuro y tratando de evitar que haya más información que vincule a políticos profesionales con sus financistas.

De una forma u otra, han quedado secuestrados de las declaraciones que los mandamases de esas empresas hagan cuando se presenten ante los fiscales. No los pueden criticar demasiado, porque ellos pueden desbaratar el andamiaje de mentiras que se han dicho para justificar las platas recibidas. La suerte de los beneficiados por SQM, por ejemplo, depende de la suerte de Ponce Lerou. No por nada, imputados de diversos signos ideológicos tienen a los mismos abogados y lobbistas que el jefe máximo de SQM.

Es lo único sincero del proceso: tácitamente reconocen que dependen de lo que le ocurra al que sabe todos sus secretos.