El diccionario define a la decepción como “pesar causado por el desengaño”. Lo que lleva a definir desengaño. Hay tres acepciones pertinentes a esta columna: 1.- “Conocimiento de la verdad, con que se sale del error o engaño en que se estaba”. 2.- “Efecto de ese conocimiento en el ánimo”. 3.- “Lecciones recibidas por experiencias amargas”.

“Tengo una pelusa en el ánimo”, decía Mafalda, cuando lo que ella creía que era de una forma, se demostraba que era de otra. La decepción no es rabia, aunque pueda derivar en expresiones de rabia. No es desaprobación, como se amaña esta categoría en las encuestas, porque se puede desaprobar sin involucrar el ánimo, desde el desinterés, el  “me da lo mismo”, el “no estoy ni ahí”.

La decepción incluye un revés contra la confianza, porque a veces basta eso –una decepción- para dejar de creer en lo que se creía. Sin embargo, no es definitiva. El estado de ánimo que sigue a una decepción no necesariamente prevalecerá para siempre.  Pero mientras dura es fulminante y erosiona brutalmente las ilusiones y expectativas .

En política, la decepción  no salta si no se cumple totalmente un programa de gobierno. No, la gente entiende que una democracia implica una confrontación de ideas entre coaliciones rivales, donde la negociación cumple una labor trascendental de paz social y viabilidad de largo plazo de cambios estructurales, por lo que a veces prender una ampolleta hoy abre camino a iluminar el país en pocos años más. La decepción, como dice el diccionario, afecta el ánimo. Es personal, aunque muchos experimenten lo mismo. Por lo que tiene que ver más con las autoridades, con ellas mismas, con su carácter, con su voluntad política, antes  que con sus discursos o programas de gobierno.

Hasta ahora, los casos Penta, Caval, SQM han sido unos estímulos prodigiosos para aquilatar la voluntad moral y política de nuestras autoridades, gobierno y parlamento, porque ellos tocan íntimamente la base partidaria, familiar y la coherencia que hemos escuchado discursear tantas veces.

No cuesta nada sermonear sobre lo que una autoridad debería  hacer si un hijo o hija de otra autoridad cometiera un delito o abusara de una influencia que republicanamente no tiene. No cuesta nada dar lecciones a otros partidos sobre lo que habría que hacer si acaso ese otro partido se envuelve en un escándalo de financiamiento ilegal o inmoral. Es bien simple atacar a un organismo creado en dictadura, diseñado para paralizar el progreso democrático, cuando no hay que acudir a él para que información comprometedora se haga pública en un proceso judicial. 

El problema es cuando el hijo es nuestro, el partido es mi partido y el Tribunal Constitucional ahora me sirve para detener  una investigación que me afecta. Ahí los ojos de la ciudadanía están puestos en la expectativa de confianza. En el estándar de ética pública que se sentará para todo el Estado con la decisión de la autoridad. Y cuando ella no aparece, o  balbucea  ideas improvisadas, o tarda demasiado, se asoma como si fuera un rayo el rostro triste y desconcertado de la decepción.

No soy quien para dar lecciones de cómo una Presidenta debe tratar a su familia cuando un miembro de ella cae en falta. Ni como los militantes de un partido debieran actuar cuando se descubre un mecanismo que los hace rehenes de la dádiva empresarial. Tampoco sirvo para recomendar lo que hay que hacer, para evitar que se sepa que un parlamentario de centroizquierda ganó gracias a las platas que le proveyó una empresa privatizada en dictadura y comandada por el ex yerno del dictador. Por cierto, hay partidos y autoridades involucradas en estos casos, a quienes  les es irrelevante recibir platas e incluso consensuar con los generosos empresarios sobre cómo enfrentar proyectos de ley que amenacen su statu quo. Para varios de ellos las pasadas son muestras de genialidad y cuando se encuentran, se cuentan las hazañas inmobiliarias, financieras y accionarias, con total y despreocupada jactancia. Menos importa que el donante de la campaña haya sido parte de la dictadura, que esas actuales autoridades siempre han valorado.

Pero sí creo que cualquier ciudadano solicitaría en todos esos casos a lo menos tres cosas: que no se mienta, que no se utilicen las instituciones de todos para esconder los líos de unos pocos, y que las autoridades involucradas no tengan la arrogancia de creer que salvarse ellos es salvar al país.

Si las instituciones efectivamente funcionan, eso se ve en las malas, no en las buenas. No tiene gran valor el apreciar cómo funciona impuestos internos cuando se van presos cuatro tipos que venden DVDs piratas en la calle, sin boleta. Para ese estrato social, la institución siempre ha funcionado. Pero cuando es el poderoso el que está en el banquillo, ahí efectivamente se juega la institucionalidad su prestigio. No porque tenga que condenarlo, si es inocente, para empatar condiciones sociales; sino porque tenga que hacerlo, si es culpable.

Es una parodia de funcionamiento impecable del Tribunal Constitucional, cuando varios parlamentarios, que han siempre establecido que ese órgano responde a un diseño dictatorial para frenar cambios democráticos, y han criticado cuando los partidos de derecha acuden a él para detener desde reformas estructurales, hasta películas y anticonceptivos, ahora que arriesgan aparecer en las nóminas de SQM se quedan mudos, mirando el techo, cuando el Tribunal Constitucional detiene la investigación de la Fiscalía.

Enfrentado a amenazas de fondo en materia de institucionalidad y desconfianza, el estado chileno está en medio del haz de luz y el país está mirando. Lo que podría extenderse al mundo si los socios canadienses de SQM, cuyos directores acaban de renunciar en masa a la empresa, apelan a la justicia de EEUU –a la que tienen derecho, incluso la penal, por  los ADRs que SQM colocó en ese país- para denunciar el potencial contubernio del estado chileno y SQM en ocultar información, que en Estados Unidos legalmente debe transparentarse.

Siempre hay tiempo para rectificar y volver al camino republicano, tan presente en los discursos, de hacer lo que debe hacerse, caiga quien caiga. Por ahora, mi sentimiento es de decepción de quienes esperaba más. De arriba a abajo, con las excepciones que se quiera, el espectáculo del  gobierno de la Nueva Mayoría, ante el primer estímulo de fondo sobre la verdadera relación entre plata y política, no ha estado a la altura de la confianza depositada en él.

Hay ocasiones en que un evento público, en este caso un juicio, permite ver algunas estrategias para enfrentar acusaciones con más detalle. En el ámbito de las estrategias de defensa argumental hay montones de ejemplos -que se enseñan en clases de negociación, de sicología social, de teoría de juegos, de derecho y ciencia política- sobre lo que funciona y no funciona.

El caso Penta, independientemente de su resultado, permite observar estas estrategias, particularmente en el caso de los dos principales imputados, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En primer lugar, porque después del primer día de formalización ambos Carlos cambiaron su estrategia original y se abrieron a un camino argumental, que considero nefasto para sus pretenciones.

Los Carlos de Penta optaron, desde que saltó este caso, por un perfil de silencio público y, al principio, también se ajustaron a su derecho a silencio ante los primeros interrogatorios de los fiscales. Más tarde se abrieron a declarar ante los fiscales, incluso buscando colaborar con el proceso, pagando al SII por impuestos evadidos y reconociendo determinadas irregularidades menores. Esta estrategia parecía razonable para obtener lo más preciado: que no se pidieran sus prisiones preventivas.

Dos cosas obligaron a cambiar esa estrategia y están vinculadas: lo más importante hasta ese momento -el financiamiento de campañas políticas y evasiones tributarias familiares y de un puñado de ejecutivos- tuvo un cambio medular, al enterarse la fiscalía del engranaje sistemático de evasión tributaria en torno a operaciones de «forwards». El caso Penta pasaba de una actividad ilegal, pero circunscrita a actividades puntuales en época de elecciones y para beneficio de sus ejecutivos (que incluso muchos justificaban como conducta generalizada),  a un modelo permanente de defraudación fiscal, con asociación ilícita con otros grupos, con el objetivo de cometer sistemáticamente un falseamiento de la situación impositiva del grupo, para así obtener mayores utilidades.

De pronto, los montos dejaron de ser decenas de millones y pasaron a ser centenares y miles de millones, y los tiempos de ilicitud dejaron de ser esporádicos y pasaron a ser permanentes, en un delito de los más graves, que linda en la asociación ilícita para defraudar al Fisco.

Lo anterior gatilló, a su vez, la confirmación en la Fiscalía del carácter delincuencial de las conductas del grupo, ya no solo en caso de elecciones o en contextos familiares y de ejecutivos, sino sentando la base de lo que el fiscal Gajardo calificó como una «máquina para defraudar al Fisco». 

Planteado lo anterior en el primer día de la Audiencia de Formalización por el mismo Gajardo, los dos Carlos de Penta, al día siguiente, cambiaron su estrategia argumental de raíz. Leyendo un texto escrito al entrar al segundo día de formalización, Carlos Alberto Délano señaló que Penta «era una máquina de creación de empleo y aporte al progreso del país». Inmediatamente después, Carlos Eugenio Lavín declara que el fiscal «nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone».

Es interesante observar y analizar este cambio de estrategia argumental, porque a mi juicio revela una sensación en los imputados de derrota inevitable. Ante esa presunción, se considera irrelevante continuar tratando de explicarle al país lo que hicieron y pasan a justificarse ante su segmento social.

Veamos, la explicación de la creación de empleos como eximente de ilícitos e irregularidades era un argumento que tenía valor cuando, culturalmente, había una disociación entre el progreso y los costos para obtenerlo. Dar empleos justificaba pagar bajos sueldos, contaminar y atentar contra el medio ambiente, cometer abusos menores, porque el progreso tenía externalidades negativas que eran aceptadas como parte de un mismo proceso.

Desde hace algún tiempo ese argumento de la creación de empleos como justificación de conducta tiene cada día menor validez, porque el concepto de «víctimas del progreso» ha crecido en carácter cultural mucho más que la idea del crecimiento económico como panacea del desarrollo. Las tecnologías digitales de comunicación hoy disponibles han aumentado el valor de esta apreciación cultural, al permitir que la información y la movilización de los empleados activen cambios que se consideran beneficiosos para la comunidad y los mismos empleados de las empresas. Por lo demás, si Milton Friedman estuviera vivo no dudaría en señalar que la creación de empleos en la empresa capitalista no es un objetivo de la empresa, sino un medio insalvable para obtener el verdadero objetivo, que es la maximización de utilidades para sus accionistas. Por lo tanto, utilizar el argumento de la creación de empleos como eximente de la conducta ilícita o irregular no apela a una audiencia del siglo XXI. Sólo puede hacer sentido a personas como los  dueños de Penta, que siguen considerando en sus círculos sociales que, ideológicamente, el empleador -por el sólo efecto de su posición- tiene ventajas frente al resto de los ciudadanos y merece menos reproche y más gratitud.

En el caso de las palabras de Carlos Eugenio Lavín, hay que remitirse a la teoría de los «frames» del linguista estadounidense George Lakoff. Lakoff señala que un frame es un concepto que, al pronunciarse, gatilla en la mente de quien lo escucha una imagen y una idea. El periodismo escrito, por ejemplo, etiqueta situaciones con «frames» para facilitar su cabida en un titular limitado: Caso Karadima, Dávalazo, Ley Emilia, etc. Cada uno de los anteriores, al sólo mencionarse activa una serie de imágenes y toma de posiciones del que escucha frente al tema.

Pues bien, Lakoff señala que la argumentación política busca que la discusión pública se haga en en torno a los «frames» propios. Por ejemplo, que se discuta sobre «desigualdad», «fin al FUT», «educación gratuita y de calidad» son objetivos de la Nueva Mayoría al plantear sus reformas de gobierno. La oposición preferiría que las referencias giraran en torno a la «igualdad de oportunidades», «estímulos a la inversión» y «libertad de los padres en la educación de los hijos», para los mismos temas.

Lakoff señala que el máximo error argumental en la discusión pública es participar de ella bajo los «frames» impuestos por el adversario. La razón: porque la invocación de un «frame», dice Lakoff,  refuerza ese «frame». Y hace una provocación: «No piensen en un elefante», ordena Lakoff, sabiendo que será imposible. Al sólo mencionar la palabra «elefante» se evoca en la cabeza de los interlocutores la imagen de uno, que puede ser distinta -un Dumbo, la Fresia del zoológico, el de Tarzán- pero no se puede evitar activar el «frame» que representa esa palabra.

Carlos Eugenio Lavín viola de cuajo toda esta lógica al plantear que la fiscalía – que no usó este «frame»- los trata «como si fuéramos Al Capone». La figura del delincuente mafioso, que cayó preso por fraude tributario y no por sus crimenes de sangre, automáticamente aparece en quienes escuchan lo dicho por Lavín, invitando a que se asocien dos tipos de personas que enfrentaron la ley, de una forma que -estoy seguro- no era la intención de co-dueño de Penta.

Fue lo mismo que le ocurrió a Richard Nixon -estudiado este caso hasta la saciedad en sicología social y ciencia política- cuando, en medio del Caso Watergate, dijo en un discurso justificativo su frase «I am not a crook» (No soy un criminal), colocando la idea de la deshonestidad de lleno en la presidencia de EEUU.

Para resumir: el cambio argumental coordinado de los dos Carlos de Penta creo que obedece a que la aparición de las operaciones forwards en la investigación y la constatación, en el primer día de formalización, de que el objetivo de evitar la prisión preventiva estaba en alto riesgo de fracaso, hizo que dejaran de pensar en el país y pasaran a pensar en el grupo social de pertenencia como el único capaz de entender lo que hicieron. Los argumentos de la creación de empleos como principal mérito son ideológicamente aptos en ese círculo. Y los intentos de separar su situación de la alta delincuencia clásica, expresada en los mafiosos de Chicago, corresponde al simil de distinguir entre el punga roto y el caballero con prácticas irregulares, pero «comúnmente aceptadas», como  señalara en Radio ADN esta mañana muy explícitamente Evelyn Matthei, para referirse a la evasión del pago de impuestos.

El cambio estratégico argumental de los dueños de Penta, creo, obedece a la resignación de una potencial derrota de su pretensión de no ir a prisión preventiva y, por ende, de volcarse a explicar lo que hicieron a su audiencia vital, donde socialmente pertenecen, en los términos y lenguaje que solamente allí se entienden.